Post by realeagle on Jul 24, 2009 8:44:44 GMT -5
Chaparral en clave política por Salvador Samayoa
La energía hidroeléctrica sólo se considera como energía "verde" cuando se utiliza la fuerza del agua sin represarla. El Chaparral, entonces, no producirá energía verde, pero sin duda producirá energía limpia. Incomparablemente más limpia que la energía a base de carbón de leña, petróleo o gas natural, sin mencionar que las reservas de estos recursos no son ilimitadas y no pueden, por tanto, aportar una solución a largo plazo. Además de limpia y renovable, la energía hidroeléctrica tiene dos atributos nada despreciables: su bajo costo y su potencial de autonomía energética para los países que al utilizarla dependen menos de los productores y distribuidores de petróleo. A manera de ejemplo, si un país como Costa Rica utilizara el caudal de todos sus ríos, con sólo doce horas de producción podría abastecer el consumo anual de energía eléctrica de todos los hogares de Centro América. Y sin embargo, las protestas por El Chaparral están en la orden del día. Se argumenta, con razón, que el proyecto, como cualquier otro de su tipo, afectará la flora y la fauna de la zona, sin especificar, por cierto, en qué consistirá exactamente la afectación a la biodiversidad. Se argumenta también que aumentará la erosión en los alrededores del embalse, que se alterará el curso hidrológico del río Torola, que se producirá algún nivel de contaminación y que se afectará a una cantidad determinada de familias. Todos estos costos son reales y dignos de consideración, pero a condición de que se midan con rigor y se contrasten con los costos económicos, sociales y ambientales de otras alternativas, incluyendo la de hacer muchos microproyectos sin embalses, o la alternativa de no hacer nada, es decir, de no producir ni comprar más energía, aunque la demanda siga creciendo a un ritmo de 6% anual.
El área proyectada para el embalse de El Chaparral es de sólo 8.6 kilómetros cuadrados. La probable afectación se reduce a zonas del cauce del Torola en sólo tres municipios. La mayor parte de unos 15,000 pobladores afectados se concentra en el municipio de Carolina. A la luz de estos datos, resulta ínfima la probable afectación territorial y social, en comparación con los probables beneficios nacionales. Aun así, los municipios y las personas tienen derechos que deben respetarse. La clave está en hacerlo sin perjudicar a la mayoría. En una democracia no es aceptable que poderes o mayorías de cualquier tipo arrollen o aplasten a minorías marginales, pero tampoco es aceptable que éstas hagan prevalecer sus intereses en detrimento del bienestar de todos los salvadoreños. La constitución permite expresamente la expropiación por causas de utilidad pública o interés social. Este principio es igual para todos, grandes y pequeños. La única diferencia aceptable en su aplicación consiste en que el Estado debe ser mucho más sensible, eficiente y generoso para compensar a los pequeños, a los desprotegidos y a los pobres. Si en este aspecto ha sido injusto, rácano, reticente o mentiroso con los pobladores pobres; si no les ha ofrecido compensaciones más que proporcionales a sus pérdidas, si no ha dialogado con ellos con extraordinaria comprensión y paciencia, si no se ha esmerado en asegurar que los afectados no sólo preserven sino mejoren sus actuales condiciones de vida, entonces habrá que apoyar su lucha, pero por razones diferentes y con mucha mayor honestidad que la de sus agitadores. El gobierno ha dicho que dialogará con los afectados, que evaluará las proyecciones de oferta y demanda de energía en el país, la necesidad de beneficios por excedentes exportables y la totalidad de la matriz energética nacional para determinar la prevalencia del proyecto. También ha dicho que evaluará la limpieza de la licitación, aunque esto quizá debió hacerlo antes de mantener en su cargo al presidente de la CEL. Todo eso está bien. Es lógico, siempre que no desestime las implicaciones políticas de ceder a protestas violentas con características de "Intifada". Si el gobierno cede ante la amenaza de un puñado de activistas armados con palos y piedras, con mayor facilidad cederá ante adversarios mayores de su propio campo de fuerzas, dispuestos a acusarlo en cualquier momento de traición a los intereses populares. A propósito, un conocido y respetado líder ambientalista dijo en la última protesta que Funes tenía la oportunidad de "mostrar que hablaba en serio cuando dijo en la campaña que su gobierno tendría una opción preferencial por los pobres". Esta fue una manipulación burda de la memoria del obispo mártir. No nos gustó que el candidato utilizara sus palabras en la campaña, y menos nos gusta que se utilicen ahora como chantaje moral demagógico en contra del presidente.
La energía hidroeléctrica sólo se considera como energía "verde" cuando se utiliza la fuerza del agua sin represarla. El Chaparral, entonces, no producirá energía verde, pero sin duda producirá energía limpia. Incomparablemente más limpia que la energía a base de carbón de leña, petróleo o gas natural, sin mencionar que las reservas de estos recursos no son ilimitadas y no pueden, por tanto, aportar una solución a largo plazo. Además de limpia y renovable, la energía hidroeléctrica tiene dos atributos nada despreciables: su bajo costo y su potencial de autonomía energética para los países que al utilizarla dependen menos de los productores y distribuidores de petróleo. A manera de ejemplo, si un país como Costa Rica utilizara el caudal de todos sus ríos, con sólo doce horas de producción podría abastecer el consumo anual de energía eléctrica de todos los hogares de Centro América. Y sin embargo, las protestas por El Chaparral están en la orden del día. Se argumenta, con razón, que el proyecto, como cualquier otro de su tipo, afectará la flora y la fauna de la zona, sin especificar, por cierto, en qué consistirá exactamente la afectación a la biodiversidad. Se argumenta también que aumentará la erosión en los alrededores del embalse, que se alterará el curso hidrológico del río Torola, que se producirá algún nivel de contaminación y que se afectará a una cantidad determinada de familias. Todos estos costos son reales y dignos de consideración, pero a condición de que se midan con rigor y se contrasten con los costos económicos, sociales y ambientales de otras alternativas, incluyendo la de hacer muchos microproyectos sin embalses, o la alternativa de no hacer nada, es decir, de no producir ni comprar más energía, aunque la demanda siga creciendo a un ritmo de 6% anual.
El área proyectada para el embalse de El Chaparral es de sólo 8.6 kilómetros cuadrados. La probable afectación se reduce a zonas del cauce del Torola en sólo tres municipios. La mayor parte de unos 15,000 pobladores afectados se concentra en el municipio de Carolina. A la luz de estos datos, resulta ínfima la probable afectación territorial y social, en comparación con los probables beneficios nacionales. Aun así, los municipios y las personas tienen derechos que deben respetarse. La clave está en hacerlo sin perjudicar a la mayoría. En una democracia no es aceptable que poderes o mayorías de cualquier tipo arrollen o aplasten a minorías marginales, pero tampoco es aceptable que éstas hagan prevalecer sus intereses en detrimento del bienestar de todos los salvadoreños. La constitución permite expresamente la expropiación por causas de utilidad pública o interés social. Este principio es igual para todos, grandes y pequeños. La única diferencia aceptable en su aplicación consiste en que el Estado debe ser mucho más sensible, eficiente y generoso para compensar a los pequeños, a los desprotegidos y a los pobres. Si en este aspecto ha sido injusto, rácano, reticente o mentiroso con los pobladores pobres; si no les ha ofrecido compensaciones más que proporcionales a sus pérdidas, si no ha dialogado con ellos con extraordinaria comprensión y paciencia, si no se ha esmerado en asegurar que los afectados no sólo preserven sino mejoren sus actuales condiciones de vida, entonces habrá que apoyar su lucha, pero por razones diferentes y con mucha mayor honestidad que la de sus agitadores. El gobierno ha dicho que dialogará con los afectados, que evaluará las proyecciones de oferta y demanda de energía en el país, la necesidad de beneficios por excedentes exportables y la totalidad de la matriz energética nacional para determinar la prevalencia del proyecto. También ha dicho que evaluará la limpieza de la licitación, aunque esto quizá debió hacerlo antes de mantener en su cargo al presidente de la CEL. Todo eso está bien. Es lógico, siempre que no desestime las implicaciones políticas de ceder a protestas violentas con características de "Intifada". Si el gobierno cede ante la amenaza de un puñado de activistas armados con palos y piedras, con mayor facilidad cederá ante adversarios mayores de su propio campo de fuerzas, dispuestos a acusarlo en cualquier momento de traición a los intereses populares. A propósito, un conocido y respetado líder ambientalista dijo en la última protesta que Funes tenía la oportunidad de "mostrar que hablaba en serio cuando dijo en la campaña que su gobierno tendría una opción preferencial por los pobres". Esta fue una manipulación burda de la memoria del obispo mártir. No nos gustó que el candidato utilizara sus palabras en la campaña, y menos nos gusta que se utilicen ahora como chantaje moral demagógico en contra del presidente.
