Post by realeagle on Aug 28, 2009 10:04:18 GMT -5
Austeridad Escrito por José María Tojeira LPG
Aunque el tema de los vehículos parece que se ha resuelto, el tema de la austeridad en la Corte Suprema nos deja una buena lección. Si en ninguna parte del mundo el Estado debe incurrir en gastos superfluos, y mucho menos en lujo y en derroche, en El Salvador hay razones adicionales para insistir en la austeridad. Somos un país pobre, donde todavía cuatro quintas partes de la población económicamente activa no tienen un salario decente (PNUD 2007-2008), y donde todavía hay, en diversos lugares del país, desnutrición y hambre. Estamos, además, pasando una crisis que ha hecho que crezcan de un modo preocupante los porcentajes de población en pobreza.
Por otro lado, es doblemente escandaloso que sea la Corte Suprema la que incurra en lujos. Tanto el Ejecutivo como el Legislativo son poderes en los que los partidos tienen su campo de acción. Y precisamente por ser partidos, pueden tener diversas ideas sobre la austeridad, aunque el ideal es que todos ellos fueran austeros. Pero el sistema judicial, que tiene entre sus funciones básicas defender a las víctimas, y que debe ser garantía de convivencia pacífica y de igualdad ante la ley, no puede, entre nosotros, darse lujos sin ser acusado de corrupto.
Porque en efecto, gastar dinero en cócteles, carros de lujo y/o viajes pagados con el erario público acompañados de la familia, no puede ser catalogado más que como corrupción si se tiene en cuenta que los pobres, que son mayoría, tienen un acceso a la justicia deficiente, y que la impunidad es una plaga en nuestro país. El dinero dado a la justicia debe ir a la justicia y no a la comodidad excesiva de quienes tienen el deber de impartirla. Una Corte Suprema con lujos, aunque algunos magistrados se llenen la boca hablando de su nivel dentro del Estado, no es más que una institución sin sentido de la ética. Y una Corte Suprema sin ética ya sabemos a dónde nos ha llevado.
Insinuar, como lo ha hecho un magistrado, que las exigencias de austeridad provienen de consignas partidarias, y que ello le resta libertad a la Corte Suprema, no es más que un acto de charlatanería de quien no tiene la más mínima idea de la relación existente entre función pública, responsabilidad social y ejemplaridad profesional.
La Corte Suprema de Justicia no ha sido ejemplo en el país ni de imparcialidad, ni de austeridad, ni de eficacia profesional. En algunos momentos de nuestra historia reciente ha parecido más, siempre con excepciones, una banda de corruptos de segunda categoría plegados a la corrupción dominante. Que hoy el presidente de la Corte opte por la austeridad nos parece una buena señal a muchos ciudadanos. Y que haya magistrados que lo apoyen nos alegra más todavía. Ojalá que quienes confunden la justicia con el dinero vayan siendo cada vez menos en ese nivel.
Aunque el tema de los vehículos parece que se ha resuelto, el tema de la austeridad en la Corte Suprema nos deja una buena lección. Si en ninguna parte del mundo el Estado debe incurrir en gastos superfluos, y mucho menos en lujo y en derroche, en El Salvador hay razones adicionales para insistir en la austeridad. Somos un país pobre, donde todavía cuatro quintas partes de la población económicamente activa no tienen un salario decente (PNUD 2007-2008), y donde todavía hay, en diversos lugares del país, desnutrición y hambre. Estamos, además, pasando una crisis que ha hecho que crezcan de un modo preocupante los porcentajes de población en pobreza.
Por otro lado, es doblemente escandaloso que sea la Corte Suprema la que incurra en lujos. Tanto el Ejecutivo como el Legislativo son poderes en los que los partidos tienen su campo de acción. Y precisamente por ser partidos, pueden tener diversas ideas sobre la austeridad, aunque el ideal es que todos ellos fueran austeros. Pero el sistema judicial, que tiene entre sus funciones básicas defender a las víctimas, y que debe ser garantía de convivencia pacífica y de igualdad ante la ley, no puede, entre nosotros, darse lujos sin ser acusado de corrupto.
Porque en efecto, gastar dinero en cócteles, carros de lujo y/o viajes pagados con el erario público acompañados de la familia, no puede ser catalogado más que como corrupción si se tiene en cuenta que los pobres, que son mayoría, tienen un acceso a la justicia deficiente, y que la impunidad es una plaga en nuestro país. El dinero dado a la justicia debe ir a la justicia y no a la comodidad excesiva de quienes tienen el deber de impartirla. Una Corte Suprema con lujos, aunque algunos magistrados se llenen la boca hablando de su nivel dentro del Estado, no es más que una institución sin sentido de la ética. Y una Corte Suprema sin ética ya sabemos a dónde nos ha llevado.
Insinuar, como lo ha hecho un magistrado, que las exigencias de austeridad provienen de consignas partidarias, y que ello le resta libertad a la Corte Suprema, no es más que un acto de charlatanería de quien no tiene la más mínima idea de la relación existente entre función pública, responsabilidad social y ejemplaridad profesional.
La Corte Suprema de Justicia no ha sido ejemplo en el país ni de imparcialidad, ni de austeridad, ni de eficacia profesional. En algunos momentos de nuestra historia reciente ha parecido más, siempre con excepciones, una banda de corruptos de segunda categoría plegados a la corrupción dominante. Que hoy el presidente de la Corte opte por la austeridad nos parece una buena señal a muchos ciudadanos. Y que haya magistrados que lo apoyen nos alegra más todavía. Ojalá que quienes confunden la justicia con el dinero vayan siendo cada vez menos en ese nivel.