Post by realeagle on May 6, 2010 0:26:49 GMT -5
En manos del crimen
Por Editorial El Faro
El atentado contra el diplomático mexicano en el que murió su esposa marca un punto de inflexión en los recuentos del combate a la violencia y el crimen organizado en El Salvador.
El oficial, que servía como enlace de Interpol, ya había sido atacado en febrero pasado, y las extenuantes investigaciones de aquel atentado resolvieron, como suelen hacerlo, de manera expedita el crimen: se trató de un intento de asalto.
Dos meses después, un nuevo ataque confirma la negligencia de las autoridades salvadoreñas en detectar el crecimiento y la penetración del crimen organizado, así como la nula capacidad de investigar un caso. Y cuando no se puede investigar, las autoridades tienen dos recetas: o concluyen que se trató de un intento de robo, o concluyen que se trató de un pleito entre las maras. Caso cerrado.
Después de años de jugar al espectáculo de las manos duras y las encuestas electorales, y de llenar informes de intentos de asalto y venganzas entre pandilleros, las autoridades de seguridad pública asisten hoy junto al resto del país al pasmoso encuentro con la mexicanización del territorio salvadoreño. Al avance de las redes de narcotraficantes y criminales organizados enfrentándose a un sistema de seguridad y justicia corrupto, negligente, sin recursos, incapaz de hacerles frente.
A la larga cadena de irresponsabuilidades de administraciones anteriores, debemos agregar también ahora a la del presidente Funes, que no ha hecho nada, absolutamente nada, para evitar que sigamos hundiéndonos en un remolino de sangre. La seguridad pública ha sido una prioridad en su discurso desde que era candidato, cuando tomó posesión y durante todo su mandato. Pero esta prioridad de palabra no se ha visto reflejada en acciones políticas. Ni en el presupuesto, ni en el combate a la corrupción, ni en el desarrollo de algún plan coherente de seguridad.
El fiscal general de la República, sobre el cual se dijeron tantas y tantas cosas por todas las fuerzas políticas cuando fue elegido, vive con más aversión a los micrófonos que a los delincuentes, a los cuales ha decidido no perseguir. A pesar de acusaciones públicas de narcotráfico y lavado de dinero y de compra de voluntades; a pesar de los claros signos de la penetración de todo el sistema, el fiscal parece no saber que puede actuar de oficio y su labor ha sido absolutamente deplorable en el combate al crimen y la violencia.Las autoridades de seguridad pública ejerciendo en el Ejecutivo pueden ya ser, junto al fiscal, señaladas de obstrucción a la justicia por incompetencia y falta de voluntad. A esta administración ya se le acabó el periodo de gracia. O toma medidas urgentes o deberá asumir la responsabilidad del baño de sangre. El narcotráfico ya no es una amenaza, ya está aquí. Y el Estado, ese que administra el actual gobierno, está obligado por Constitución a garantizar la seguridad pública. Un buen punto de partida, para comenzar a cambiar las cosas, sería aceptar que en el actual sistema casi nada funciona. Casi nada.
Otro, invaluable, sería contar con un presidente y un fiscal con el valor suficiente para meter a la cárcel a los corruptos. Para demostrar que no habrá tolerancia para los criminales, que no habrá impunidad. Por lo visto hasta hoy, nosotros no tenemos ese presidente. Ni ese fiscal.
Por Editorial El Faro
El atentado contra el diplomático mexicano en el que murió su esposa marca un punto de inflexión en los recuentos del combate a la violencia y el crimen organizado en El Salvador.
El oficial, que servía como enlace de Interpol, ya había sido atacado en febrero pasado, y las extenuantes investigaciones de aquel atentado resolvieron, como suelen hacerlo, de manera expedita el crimen: se trató de un intento de asalto.
Dos meses después, un nuevo ataque confirma la negligencia de las autoridades salvadoreñas en detectar el crecimiento y la penetración del crimen organizado, así como la nula capacidad de investigar un caso. Y cuando no se puede investigar, las autoridades tienen dos recetas: o concluyen que se trató de un intento de robo, o concluyen que se trató de un pleito entre las maras. Caso cerrado.
Después de años de jugar al espectáculo de las manos duras y las encuestas electorales, y de llenar informes de intentos de asalto y venganzas entre pandilleros, las autoridades de seguridad pública asisten hoy junto al resto del país al pasmoso encuentro con la mexicanización del territorio salvadoreño. Al avance de las redes de narcotraficantes y criminales organizados enfrentándose a un sistema de seguridad y justicia corrupto, negligente, sin recursos, incapaz de hacerles frente.
A la larga cadena de irresponsabuilidades de administraciones anteriores, debemos agregar también ahora a la del presidente Funes, que no ha hecho nada, absolutamente nada, para evitar que sigamos hundiéndonos en un remolino de sangre. La seguridad pública ha sido una prioridad en su discurso desde que era candidato, cuando tomó posesión y durante todo su mandato. Pero esta prioridad de palabra no se ha visto reflejada en acciones políticas. Ni en el presupuesto, ni en el combate a la corrupción, ni en el desarrollo de algún plan coherente de seguridad.
El fiscal general de la República, sobre el cual se dijeron tantas y tantas cosas por todas las fuerzas políticas cuando fue elegido, vive con más aversión a los micrófonos que a los delincuentes, a los cuales ha decidido no perseguir. A pesar de acusaciones públicas de narcotráfico y lavado de dinero y de compra de voluntades; a pesar de los claros signos de la penetración de todo el sistema, el fiscal parece no saber que puede actuar de oficio y su labor ha sido absolutamente deplorable en el combate al crimen y la violencia.Las autoridades de seguridad pública ejerciendo en el Ejecutivo pueden ya ser, junto al fiscal, señaladas de obstrucción a la justicia por incompetencia y falta de voluntad. A esta administración ya se le acabó el periodo de gracia. O toma medidas urgentes o deberá asumir la responsabilidad del baño de sangre. El narcotráfico ya no es una amenaza, ya está aquí. Y el Estado, ese que administra el actual gobierno, está obligado por Constitución a garantizar la seguridad pública. Un buen punto de partida, para comenzar a cambiar las cosas, sería aceptar que en el actual sistema casi nada funciona. Casi nada.
Otro, invaluable, sería contar con un presidente y un fiscal con el valor suficiente para meter a la cárcel a los corruptos. Para demostrar que no habrá tolerancia para los criminales, que no habrá impunidad. Por lo visto hasta hoy, nosotros no tenemos ese presidente. Ni ese fiscal.
